Inici‎ > ‎Articles‎ > ‎

Cómo afecta la globalización a la educación

29/04/2008 15:05 publicada per webadmin farga


Texto de Rosa Cañadell (Publicado en El Viejo Topo)

 
 

El asunto de la educación pública está que arde, al menos en Cataluña: una huelga en la escuela pública, los universitarios cortando autopistas…. FARGA (Foro anticapitalista de relexión y generación de alternativas, www.farga.cat) organizó al respecto un debate en el que participaron como ponentes la portavoz del sindicato USTEC-STEs, Rosa Cañadell, y el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña J. M. Miró. Reproducimos aquí el texto de Cañadell, que aunque se refiere a la situación en Cataluña, las conclusiones que se derivan del mismo son extensibles a toda España, y resulta muy útil para que los desinformados entendamos de una vez por todas qué es lo que pretenden las autoridades educativas. 
 

Educación y globalización


La globalización neoliberal se caracteriza por una expansión territorial y sectorial del capitalismo, y en este sentido está llegando ya al sector educativo, lo cual implica un cambio del sentido y los objetivos que durante muchos años ha tenido la educación: se trata de abandonar la idea de “educación como servicio público, como un derecho básico de toda la ciudadanía, con el objetivo de proporcionar a todos los niños y jóvenes una formación integral”, y pasar a planificar una “educación al servicio de la economía, entendida ya no como un derecho universal, sino como una inversión personal”. Este nuevo concepto de educación tiene dos vertientes: abrir el mercado educativo, que se calcula puede suponer unos dos billones de euros, para que las empresas privadas puedan realizar negocios en este mercado, y por otra parte se trata de ofrecer una formación al servicio de las empresas, adecuándola a las necesidades del mercado de trabajo.

Otra característica de esta nueva etapa es la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo: desde la OMC se preconiza la abertura del mercado educativo y la liberalización de este servicio. Desde el Banco Mundial se “recomienda” la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la competitividad entre las escuelas, la imposición de unas “competencias básicas” que intentan orientar los contenidos de la educación a nivel mundial adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución del gasto público destinado a la educación y un aumento del financiamiento individual (la educación, como toda inversión, ha de pagarse), y una gestión de los sistemas educativos capaz de rentabilizar los gastos y que aumente la eficiencia.

Desde la OCDE se propagan también políticas educativas al servicio de la economía, siendo una de las principales aportaciones los famosos indicadores PISA, que intentan evaluar a todos los jóvenes de todos los países del mundo con las mismas pruebas, elaborando después una lista sobre la “calidad educativa” de cada país. De hecho, el ranking de los resultados de los informes PISA acaban decidiendo qué es calidad, y de manera indirecta, acaban orientando los currículos, pues todos los países desean adelantar puestos en el ranking y, por tanto, acaban imponiendo unos conocimientos coincidentes con aquellos que PISA evaluará.

Finalmente, las orientaciones de la UNESCO, única institución formada por Ministerios de educación, que desde los años 70 ha promovido una educación entendida como herramienta de emancipación, han perdido toda su fuerza y la institución ya no posee ningún poder.

Educación y privatización

La privatización de la educación tiene diversas consecuencias que afectan a distintos ámbitos: 1) La transferencia de dinero público para convertirse en beneficios privados, ya que, mayoritariamente, la privatización está subvencionada con dinero público. 2) La creación de centros de calidad diferente, ya que los centros privados disfrutan de un doble financiamiento: el público, a partir de las subvenciones o los conciertos educativos, y el privado, a partir de las cuotas que pagan padres y madres. El pago de cuotas sirve, además, para seleccionar al alumnado, ya que sólo tienen la posibilidad de acceder a estos centros las familias que pueden pagar la cuota. 3) El control ideológico y político, a partir de la completa libertad que tienen los centros privados para definir un “ideario propio”. Un ideario mayoritariamente religioso, ya que la mayor parte de los centros privados concertados pertenecen a instituciones religiosas que pueden, impunemente, llevar a cabo la transmisión de su ideología, incluso contraviniendo la propia ley, tal y como ha sucedido con la negativa ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía por parte de los centros propiedad de religiosos. 4) La no participación, ni del profesorado, ni de padres y madres, ni mucho menos del alumnado, en la marcha de los centros. Mientras que en los centros públicos, de momento el máximo organismo es el Consejo escolar, en el que participa toda la comunidad educativa, en los centros privados quien manda es la patronal. 5) Aplicación de “criterios empresariales” que marcan la marcha de los centros en función de rentabilizar los costos: eso siempre implica peores condiciones de trabajo de los trabajadores/as (de hecho, el profesorado de los centros privados cobra menos que los de los centros públicos y trabajan más horas), y el rechazo de aquellos alumnos que pueden salirle más “caros” al centro: el alumnado con más dificultades, que implican más atención y recursos, es derivado hacia los centros públicos. 6) Ausencia de criterios objetivos en la contratación del profesorado: el único criterio para seleccionar a maestros/as y profesores/as es el de la dirección del centro, a pesar de que este profesorado está directamente remunerado por el departamento d educación y, por tanto, con dinero público. 7) Desresponsabilización en dos direcciones: la propiamente financiera, en tanto que la administración subvenciona una parte y para cubrir la otra se supone que en centro ya buscará una fórmula para encontrar los recursos necesarios; y también respecto al funcionamiento y a los resultados, que no se consideran responsabilidad de la administración, sino del propietario del centro.

La privatización adopta diferentes formas: 1) Los conciertos educativos, que en este momento en Cataluña alcanzan el 40 %. Se trata de centros de titularidad privada, religiosa en la mayor parte de los casos, pero financiados con dinero público. 2) externalización de los servicios: en estos momentos ya casi todos los servicios que gravitan en torno a la educación están en manos de empresas privadas: limpieza, transporte, comedores escolares, gabinetes psicopedagógicos, recursos y programas informáticos, evaluaciones, etc., lo que implica beneficios para empresas privadas obtenidos del dinero público, peor servicio y peores condiciones laborales. 3) Municipalizaciones, es decir, el traspaso de las competencias de educación a los municipios. En este momento están ya traspasadas las escuelas de 0-3 años y las de formación de personas adultas. La municipalización implica también diferencias en la calidad de los servicios y, en la mayor parte de los casos, el traspaso de la gestión a empresas privadas. 4) Finalmente, se intenta implementar, a partir de la nueva Ley de Educación de Cataluña, una tercera vía: centros públicos gestionados por entidades privadas.

En definitiva, la creciente privatización tiene como consecuencia un aumento de la desigualdad entre los centros, una mercantilización de la educación y, por tanto, una peor educación para aquellas familias con menor poder económico y social. De esta forma, la educación, en lugar de ser un elemento de cohesión social y de igualdad de oportunidades, pasa a ser un elemento más de consolidación y ampliación de las diferencias sociales.

La nueva Ley de Educación de Cataluña


El conseller de Educación, Sr. Ernest Maragall, presentó las bases para una nueva Ley de Educación en Cataluña, coincidiendo con la difusión de diversos estudios (PISA, Fundació Bofill) en los cuales se señalaba que los resultados escolares de nuestro alumnado están por debajo de la media europea. El fracaso escolar fue el eje de una campaña orquestada por el conseller para justificar la propuesta de ley, responsabilizando al profesorado y a la organización de los centros públicos de los malos resultados del alumnado.

Los resultados de los Informes (PISA, Fundació Bofill) nos dicen que nuestros jóvenes no consiguen los mejores resultados escolares de la UE, pero también nos dicen que las inversiones en educación en Cataluña están en la cola de Europa, que el nivel cultural de la población adulta en nuestro país es de los más bajos de la UE y que en los países donde se obtienen los mejores resultados, como en Finlandia, el 97 % de las escuelas son públicas. Teniendo en cuenta todo esto, podemos afirmar que la educación en Cataluña es la “mejor posible” y que el trabajo que está realizando el profesorado en las aulas compensa muchos de los déficits estructurales de nuestro sistema educativo.

Chicos y chicas se pasan treinta horas semanalmente en las aulas y, por tanto, debemos empezar cambiando lo que pasa dentro de estas aulas. Y eso es, precisamente, lo que nadie propone. Intelectuales, políticos y técnicos, generalmente sin experiencia docente con niños o adolescentes, elaboran propuestas, reformas y leyes que responden más a intereses partidistas, ideológicos y económicos, que a las necesidades reales de la población.

Es evidente que es necesario mejorar, pero, lamentablemente, las bases que ha presentado la Conselleria d’Educació para elaborar una nueva Ley de Educación de Cataluña no van en esta dirección, sino todo lo contrario. De hecho, es una ley que no parte de ningún análisis pedagógico, que no hace un diagnóstico de las necesidades, ni propone medidas de mejora. La ley habla sólo de gestión y de privatización, proponiendo un modelo de escuela-empresa y una organización jerárquica de los centros educativos, abriendo vías para la gestión privada de los centros públicos y priorizando la oferta de los centros concertados.

Las propuestas de la nueva Ley de Educación tampoco han sido discutidas ni consensuadas con el profesorado, y ni siquiera son originales. Conceptos como “autonomía de los centros”, “direcciones profesionalizadas”, “gestión privada de los centros públicos”, “evaluación”, “municipalización”… son fórmulas que emanan de las directrices del Banco Mundial, la UE y la OMC, con el objetivo de poner la educación bajo las leyes del mercado, mercantilizándola, para favorecer a las empresas privadas. Es este un modelo que ya se ha aplicado en algunos países (Gran Bretaña, Bélgica, EEUU), y no sólo no ha mejorado la educación, sino que ha hecho crecer la desigualdad.

Qué proponen las Bases de la Ley de educación de Cataluña

La Ley abre la vía para que entidades privadas puedan gestionar los centros públicos. Un hecho que producirá graves consecuencias tanto para las familias como para los/as trabajadores/as de los centros públicos. Todo el mundo sabe que cuando un servicio público se privatiza (tal como está pasando con las guarderías o la sanidad, por ejemplo) los resultados siempre son los mismos: peor servicio para los usuarios y peores condiciones laborales (precarización) para sus trabajadores/as. Porque es imposible una gestión privada que no dé prioridad al beneficio económico. Además de abrir esta nueva vía, la Ley también apuesta claramente por los centros privados concertados, estimulando una oferta que derivará más dinero público a centros gestionados por patronales privadas (la mayoría religiosas).

Se propone una gestión autoritaria en los centros públicos. Se pretende reforzar la autoridad y las funciones de las direcciones para que puedan tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las asociaciones de padres y de los Consejos escolares. Es evidente que una gestión en la que las direcciones desempeñarán funciones propias de la patronal, supondrá avanzar hacia un modelo de gestión autoritaria que eliminará la participación y la capacidad de decisión de la comunidad educativa en la gestión de los centros y dificultará el trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un centro educativo. Caminar hacia ese sistema exigirá unos cambios en la estructura actual de los centros públicos, que acabarán definitivamente con su gestión democrática.

Con la excusa de obtener mejores resultados pedagógicos, la LEC prevé algunas medidas tales como que las direcciones seleccionen su profesorado. Una medida que pretende descargar la responsabilidad del fracaso escolar únicamente sobre el profesorado y que, además, es la que ya se aplica en los centros privados sin que se haya demostrado ninguna mejora en los resultados. Y es que los resultados escolares, como señalan todos los informes, dependen más de otros factores que el conseller pretende obviar: la realidad social y económica del entorno del alumnado que fracasa y la falta de inversión en la enseñanza pública catalana.

Se propone que cada centro pueda establecer su propio currículo. La variedad entre la oferta educativa de los centros públicos aumentará y, de rebote, se consolidará la desigualdad entre los centros. La educación es un derecho universal y no una mercadería que se pueda comprar en función del dinero que se tenga. La responsabilidad de la Administración Pública es asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ese derecho, con independencia de su situación económica, social o de cualquier otro tipo. Sólo así la educación puede cumplir una de sus funciones primordiales: la de contribuir a equilibrar las diferencias sociales de origen y, en consecuencia, garantizar una auténtica igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Las bases de la Ley nada dicen de aumentar la inversión pública en educación, y pretenden que los centros puedan buscar vías de autofinanciación, lo cual dará también lugar a que aumenten las diferencias, ya que dependerán de las posibilidades que tenga cada centro para conseguir más financiación: barrio donde esté situado, tipo de instalaciones, posibilidad de padres y madres de pagar cuotas, etc. Nosotros creemos que es la Administración Pública quien debe asegurar la financiación necesaria para todos los centros públicos y, para ello, hay que aumentar los presupuestos destinados a educación y poner más recursos, humanos y materiales, en aquellos centros que escolaricen alumnado con mayores dificultades.

Se propone también una evaluación externa de los centros que permita establecer un ranking en función de los resultados escolares. Una evaluación que servirá para dotar de más recursos a los que obtengan mejores resultados, y no a los que tengan más necesidades. Estos son los elementos que el conseller esconde e intenta enmascarar cuando expone su modelo de autonomía de centro ante los medios de comunicación y en las diferentes conferencias públicas.

Ante la imposibilidad de establecer un diálogo con la Conselleria d’Educació y ante la negativa del señor conseller de retirar estas bases, todos los sindicatos de la educación convocaron una huelga para exigir su retirada, para oponerse a la privatización de la enseñanza pública y para defender sus condiciones laborales. Sin embargo, esta Ley no afecta sólo al profesorado, se trata de una cuestión social: una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión social es la base de una sociedad democrática. Si se desmantela el sistema público toda la sociedad resultará perjudicada.

El profesorado de la enseñanza pública de Cataluña, convocado por todos los sindicatos de este ámbito (USTEC-STEs, CCOO, ASPECP-SPS, UGT, CGT) fue a la huelga el día 14 de febrero, con un seguimiento muy mayoritario y con una manifestación que llenó las calles de Barcelona con más de 70.000 personas entre profesorado, estudiantes y padres y madres. El lema d ela protesta fue. A favor de la enseñanza pública y contra las Bases de la nueva Ley.

Rosa Cañadell es psicóloga, profesora de secundaria y portavoz de USTEC-STEs.
 
Comments